GOBIERNO ABIERTO, vuelta a los orígenes

Decía Jean Jacques Rousseau que “el gobierno tuvo su origen en el propósito de buscar una forma de asociación que defienda y proteja la persona y la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos”. Indiscutiblemente y a la vista de los últimos sucesos acaecidos en el ámbito de la política estatal se puede deducir que la esencia que portaba el concepto en su nacimiento está desvirtuada en la actualidad.

Rousseau teorizó sobre el el concepto de Estado como hicieron tantos otros, pero es evidente que se ha ido gestando una pérdida de identidad a lo largo de la existencia de esta organización debido, en gran medida, a las ambiciones personales de muchos dirigentes que han transcendido en la corrupción que hoy inunda los pasillos de las instituciones. Por suerte para la ciudadanía, en el entorno gubernamental parece atisbarse un proceso cíclico que devolverá a las instituciones gubernamentales a sus orígenes o, más en concreto, al de las propias civilizaciones. Esto es, una relación directa del gobernante con el gobernado en pro de una organización más práctica.

En este sentido, dentro del perímetro estatal se ha promulgado la ‘Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno’ que aún se encuentra en fase de anteproyecto. Entrará en vigor en cuestión de días, el 10 de diciembre, pero a las comunidades autónomas y ayuntamientos se les ha concedido una moratoria hasta 2015.

Así, las imposiciones que disponen estos nuevos preceptos se apoyan en el concepto de Gobierno Abierto. Esta ley ha sido una de las últimas en entrar en vigor en Europa, lo que da una medida de las prácticas llevadas a cabo en España a este respecto hasta la fecha. El Gobierno Abierto propone tres conceptos fundamentales: transparencia, colaboración y participación. El primero acerca la información sobre sueldos, subvenciones y demás usos del dinero público a la ciudadanía con el objeto de hacer diáfanas estas cuentas. La colaboración pretende extender lazos desde las instituciones hasta la propia ciudadanía y otras instituciones. Por último, el criterio participativo trata de incluir a la población en la toma de decisiones de manera directa o al menos sortear muchos de los obstáculos burocráticos impuestos.

Conscientes de la personalidad que ha presidido la clase política hasta la fecha y en términos generales, no es temerario sospechar que estos principios corren el peligro de quedarse sólo en eso, en meros preámbulos si no se utilizan las herramientas adecuadas para su puesta en funcionamiento, por ello existen dos ejes sobre los que deben sustentarse. Ambos giran en torno al aperturismo que demanda el propio concepto de Gobierno Abierto. Los datos públicos u ‘open data’ y la inclusión de procesos participativos, así como el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana u ‘open action’. Los estados adscritos a estas buenas prácticas han de comprometerse con la Alianza para el Gobierno Abierto u ‘Open Government Partnership’.

http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm

http://www.opengovpartnership.org/es

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